Antecedentes policiales

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Antecedentes Policiales

Si le ha multado la policía en una manifestación o ha sido detenido por algún motivo, aunque luego no haya habido juicio, puede ser que tus datos estén guardados en el archivo de Personas de Interés Policial ( Perpol) de la Policía Nacional, en el fichero de Interés Policial de la Guardia Civil ( Intpol) o en el de algún cuerpo policial autonómico.
Los antecedentes policiales desfavorables no tienen nada que ver con los antecedentes penales, que son los que recogen las condenas impuestas por un delito tras la sentencia de un tribunal.

Ahora bien, aunque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, tener antecedentes policiales puede resultar muy molesto. No valen en un juicio penal, pero la ficha puede volverse en contra del ciudadano si es detenido por cualquier otro motivo más tarde: aparecerán sus antecedentes policiales y los agentes mirarán con otros ojos al individuo.

Todo es mucho más grave cuando la persona es un inmigrante. En este caso, además, los antecedentes policiales pueden derivar en un informe desfavorable, decisivo en la concesión o renovación de un permiso de residencia, o a la hora de resolver un expediente de nacionalidad. Y todo ello aunque no haya sido encontrado culpable de ningún delito o la condena haya sido suspendida.

También es verdad como ya hemos contado en el articulo sobre la buena conducta cívica, si se recurre la decisión, los tribunales terminan dando la razón al demandante.

Ante la duda y para evitar sorpresas desagradables, y aunque la Ley Orgánica 15/1999 establece que «los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento», se puede acceder a estos archivos, con el fin de consultar y/o cancelarlos.

No obstante, los responsables de los ficheros pueden denegar el acceso, la rectificación o cancelación, según establece la Ley, «en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando».

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